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Violaciones y maltratos en Coca Cola S.A.


Por Federico Amigo

Dos ex trabajadores de la embotelladora Femsa denuncian cesantías injustificadas y derechos sindicales restringidos. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Relaciones Federales hacen la vista gorda.

Coca Cola Fomento Económico Mexicano Sociedad Anónima (Femsa) es la primera embotelladora en América Latina con presencia en nueve países: México, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Venezuela. La multinacional reúne el 8 por ciento de las ventas mundiales y Femsa de Buenos Aires representa el 37 por ciento de las ganancias de The Coca Company en el país. Sin embargo, dentro de la planta de la avenida Amancio Alcorta al 3.500, el clima nada se asemeja a la concepción y unión familiar que la empresa pregona en sus propagandas. Alejandro Victoria y Juan Torino, dos ex operarios, denuncian maltratos, despidos injustificados y violaciones de los derechos sindicales de parte de los empleadores.
Desde que los mexicanos llegaron al país, en 1994, todo cambió para los trabajadores gaseosos. “Nos obligaron a firmar un contrato en el que renunciábamos a ciertos beneficios: pagos adicionales por trabajo nocturno y antigüedad, ningún tipo de retribución extra al trabajar los domingos y jornadas de 12 horas con horarios rotativos”, cuenta Torino. Además el convenio individual estableció la desafiliación anticipada de los empleados al Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) y a toda organización gremial, como condición para permanecer en la planta. “No tienen escrúpulos –continúa el ex operario-. Son lo más farsante que he visto”. Tras consolidar los acuerdos, la multinacional convirtió al sindicato en sirviente de su voluntad y los empleados quedaron a merced de los empleadores.
Otra de las medidas que tomó la compañía, no bien arribó a Argentina, fue colocar cámaras filmadoras en los puestos de tarea y descanso. De esa manera, generaron un clima de miedo y desconfianza entre los propios trabajadores. “Sembraron el terror. En la planta, nadie confía en nadie”, asegura Torino. Él fue despedido por una reestructuración interna en noviembre de 2004, según argumentó la empresa. Aunque el ex operario cree que existieron otras razones: “Me llama la atención haber recibido el telegrama después de haber efectuado algunos reclamos por inhalación de gases tóxicos”. Una vez por mes, los supervisores convocan a los empleados de cada sector y realizan una suerte de reunión de sugerencias. “Nos preguntaban: ‘¿Qué ideas tienen para mejorar el trabajo?´”, explica. Agotado por las constantes irregularidades, Torino decidió hablar. Pidió arreglos en el sistema de ventilación y barbijos para repeler el hollín que las máquinas desprendían. Luego de 12 años en la planta, FEMSA echó al operario basándose en una organización del personal.
El caso Torino no fue excepcional. Dos meses más tarde, Victoria también fue cesanteado cuando intentó, fuera de la fábrica, formar una comisión interna en pos de mejorar las condiciones de trabajo. “Venía laburando normalmente –cuenta- hasta que un día se me ocurrió decirles a mis compañeros que teníamos derecho a la libertad sindical y a elegir delegados gremiales”. Además, fue despedido con el agravante de que su mujer estaba embarazada.
Pero Victoria no se quedó de brazos cruzados y comenzó a juntarse con algunos ex trabajadores de Femsa. Habló con Torino y comenzó a desandar caminos. Por un lado, denunció lo ocurrido dentro de la planta; por el otro, llevó sus reclamos al despacho del diputado nacional por el ARI, Alberto Piccinini. El abogado de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Héctor García, presente en ese encuentro, describe la reunión: “Victoria buscaba alguna acción de parte de los legisladores. Enseguida le aclaramos que las facultades de la Cámara baja son limitadas, en cuanto a intervención en los derechos de relación individual del trabajo. En realidad, quien tiene competencia es la Justicia”.
A pesar de la explicación, Piccinini se comprometió a ayudarlo. El 8 de junio de 2005 envió una carta a Coca Cola firmada por los diputados Miguel Bonasso, Jorge Rivas, Francisco Gutiérrez, Héctor Polino, Mario Cafiero y Patricia Walsh, entre otros. “La prohibición de toda actividad gremial –expresa la nota- constituye un principio liminar de política interna de dicha compañía (Femsa) y nos obliga a expresar enérgicamente nuestro repudio a tales procedimientos”. La respuesta no tardó en llegar. Aunque la embotelladora deslindó toda acusación sobre el despido de Victoria y negó rotundamente los conflictos mencionados en la carta: “Se señala que el establecimiento desarrolla su actividad en un clima de absoluta normalidad sin que haya circunstancia alguna que produzca alteraciones en el ambiente de trabajo”, contestó Walter Zanotti, apoderado de Femsa Buenos Aires.
Ante la indiferencia de Coca Cola, Piccinini impulsó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que no consiguió la mayoría parlamentaria. “No tuvo tratamiento porque el Partido Justicialista no quiso”, sentencia García, que además es asesor del diputado por el ARI. Finalmente, el legislador se reunió con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a quien se le pidió una inspección de la planta ubicada en Pompeya. Gracias a las reformas de la década del 90, al ministerio le concierne lo que respecta a aportes jubilatorios, obras sociales y riesgos laborales. El resto, queda en la esfera de las administraciones locales. “No se le pide que juzgue y sancione, sino que verifique. Y esa sí es una facultad de la Cartera de Trabajo”, disiente García.
La Dirección Nacional de Relaciones Federales se encargó de la inspección, pero el abogado de la CTA mantiene serias sospechas sobre la visita a la planta. “Lo que hizo ese organismo fue una chantada asquerosa. Revisaron si cumplía con los aportes provisionales y desde luego que, una empresa de tal magnitud, cumple. Se desvirtuó el pedido. Además, se les avisó a los delegados de Sutiaga que día se iba a inspeccionar. Otro gran error, porque es obvio que esto no se puede orquestar sin la connivencia del sindicato”. El dato más contundente que arrojó el registro de la fábrica fue que de los 2.000 empleados sólo 146 están afiliados al sindicato. Es decir, menos del 10 por ciento. “Coca Cola tiene un comportamiento mafioso: cerca determinado territorio para imponer su propia ley”, opina el abogado laboralista. Y agrega: “El sindicato y la empresa prepararon la visita en complicidad. Y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad hicieron la vista gorda”.
Hoy Piccinini y García impulsan una nueva petición para que el Ministerio de Trabajo se encargue de la inspección. Mientras el Estado dirime quién tiene competencia sobre la empresa, los antiguos empleados colgaron los botines. Ambos prefieren enterrar su pasado en la multinacional y encarar nuevos proyectos. Victoria, agobiado por la situación económica y con su mujer a punto de dar a luz, arregló su indemnización con Femsa. Torino, aún sin trabajo, intenta esquivar las secuelas que le dejó su paso por Coca Cola, signado por el maltrato y el terror psicológico. “Desconfío de todo y de todos. Sólo creo en mis dos hijos”, concluye con angustia.