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Armas, mercado negro y regulación dudosa

Por Lucía Turco

En la Argentina, hay más armas de fuego en el mercado negro que en el legal. Y los que deben controlar, en realidad venden. Con ustedes, la clandestinidad y la legislación mortal.

Una persona muere cada dos horas por heridas de armas de fuego en la Argentina, según datos del Ministerio de Salud de la Nación. El Registro Nacional de Armas (RENAR) estima que actualmente hay 1.200.000 registradas en el país, lo que significa que un 3 por ciento de la población las posee en forma legal. Sin embargo, en la última Encuesta Nacional de Victimización, un 12 por ciento dijo tener armas de fuego en el hogar. Según esta medición, el circulante clandestino cuadriplica al legal.

MODALIDADES DEL MERCADO NEGRO
Un armero de la Policía Federal dice que lo más común es incautar revólveres en hechos delictivos, aunque también se encuentran pistolas 9 milímetros Browning (un arma que no cuesta menos de 700 pesos en las páginas de usados de Internet), que son las que porta la policía. “Pero sabemos que también hay escopetas, carabinas y fusiles en el mercado ilegal”.
“Muchas de las que circulan fuera de regla están desde hace mucho tiempo”, explica Darío Kosovsky, integrante de la Red Argentina para el Desarme. “El mercado negro tiene su lógica propia y experimentó un auge muy fuerte en los ‘80, cuando en la Argentina se compraban armas con sólo presentar la cédula de identidad; después había diez días para registrarla, pero si no se hacía no pasaba nada.”
Un funcionario del RENAR señala que tienen una vida útil muy larga, por lo que se siguen encontrando algunas de principios del siglo XX para ser utilizadas con fines delictivos, como el revólver 32 Colt de 1930 que se usó en el caso Cabezas.
¿Cómo llegan las armas al circuito negro? Algunas fueron robadas de arsenales de las fuerzas de seguridad. Es el caso de los fusiles FAL o las ametralladoras. Pero las pistolas y revólveres provienen de asaltos a civiles, armerías o policías y, posteriormente, se les lima el número de identificación.
También existe la producción artesanal clandestina. Un oficial de la Policía Bonaerense relata el allanamiento de un taller en una villa, donde se fabricaban armas caseras, llamadas tumberas. Pero la mayoría de las que circulan ilegalmente fueron fabricadas en forma legal, lo que habla de la débil frontera entre ambos mercados.
Es común también que los delincuentes las alquilen. Arrendar un fusil puede costar entre 200 y 300 pesos. En las villas hay guardadores que desconocen su función: es el caso de los menores de edad, a través de los cuales las transportan para estar limpios si son detenidos.
Las que se incautan en un operativo son trasladadas a la comisaría, desde donde deben ser enviadas al juzgado correspondiente, pero siempre se producen demoras y en ese tiempo muchas vuelven al circuito ilegal. Según Kosovsky, no se toman los recaudos suficientes para evitarlo.
La problemática no se circunscribe a la clandestinidad ya que las estadísticas demuestran que cada vez son más los civiles que deciden armarse por seguridad personal y que hay más probabilidades de morir al intentar defenderse. “Hay miles de hechos que no salen en los diarios: chicos que se pegan un tiro con al arma que hay en la casa. Que estén en manos de la población civil es un factor que aumenta las probabilidades de muerte”, asegura Kosovsky.

LEGALIDAD BAJO SOSPECHA
La Ley Nacional 20.429, que regula el mercado en la Argentina, data de 1973, cuando el Gobierno buscaba restringir el armamento de la guerrilla. Recién en 1994 se creó la figura de legítimo usuario, que establece la condición de registrarse previamente para poder acceder a la compra. Por ello, el RENAR se jacta de haber impuesto una política que apunta a la reducción de circulante. Sin embargo, Kosovsky dice que lo que aumentaron son los trámites, no los requisitos, porque “no hay que justificar para qué se quiere el arma”.
Si los números del mercado negro alarman, más preocupan las irregularidades del circuito legal del tercer productor de armas de América Latina.
Durante el gobierno menemista se aprobó la Ley de Entes Cooperadores Técnicos que otorgó la administración de los ingresos del RENAR a un ente privado. Se trata del mismo modelo de registro que el de la propiedad automotor: es estatal pero la venta de formularios y demás trámites burocráticos han sido tercerizados. Y actualmente, la permisionaria es nada menos que la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos para Caza y Pesca (AICACIP), es decir, la organización que agrupa a fabricantes y vendedores. Y como para confirmar lo lejos que se está de un sistema de transparencia, existe otra información de interés: el presidente de AICACIP, Benso Bonadimani, es también el de Bersa S.A., la fábrica de armas más grande de la Argentina.
Si se busca comprar un formulario para registrar un arma, puede hacerse directamente en una armería mientras se elige el modelo que se va a comprar, y ese comercio se queda con un porcentaje. En la manzana del RENAR, en Bartolomé Mitre al 1.400, están concentradas la mayoría de las que funcionan en la Capital Federal.
“Los interesados en que el mercado se agilice e incremente son los mismos que administran el ente de control. Así es imposible un sistema de transparencia”, asegura Kosovsky, quien desde la Red Argentina para el Desarme –creada en noviembre de 2004 con la intención de instalar la discusión para el desarme en el país– planteó al Gobierno la puesta en práctica de una política de canje: los civiles devuelven de manera anónima sus armas (tanto registradas como ilegales) y reciben a cambio dinero o alimentos. Esto se hizo en Mendoza en 1998 y hasta hoy es la primera experiencia exitosa de desarme civil en el país, que logró sacar de circulación 3.300 armas de fuego. Como respuesta a los pedidos de distintas organizaciones, el Ministerio de Justicia anunció la última semana de 2005 el lanzamiento de una campaña, que consiste en la distribución de folletos que advierten: “Si tenés un arma, tenés un problema”, en los puestos de peaje, aeropuertos y terminales de todo el país. Pero aún no hay muestras de que el Gobierno vaya a implementar una política de desarme en el orden nacional.

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