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Empleo informal en el Gobierno de la Ciudad

Por Federico Amigo

El 3 de abril de 2002 Eduardo Duhalde instauró el Plan para Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. Hoy más de 3 mil beneficiarios trabajan a la par del personal efectivo en puestos vitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se autoproclaman como “los empleados en negro del Gobierno de la Ciudad”.

“Son los humillados, son los que claman por dignidad y por trabajo, son los hambrientos de pan y de justicia. A ellos, a los más pobres, en nombre de todos los argentinos comenzamos a tenderles una mano solidaria”, dijo por cadena oficial el entonces presidente Eduardo Duhalde cuando presentó el Plan Social para Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, el 3 de abril de 2002. Irma Licastro, Ana María Fernández y Carlos Cardozo, aferrados al televisor y a la esperanza de paliar la crisis económica, decidieron comenzar los trámites para recibir el subsidio. Hoy, aseguran, son algunos de los “trabajadores en negro del Gobierno de la Ciudad” y reclaman su efectivización laboral.
El programa favoreció a más de un más de un millón doscientas mil personas con 150 pesos mensuales. A cambio, quienes aún reciben el subsidio, realizan una contraprestación como tareas comunitarias o de capacitación. A la larga, el plan se convirtió en el caballito de batalla de Duhalde y en profundo dolor de cabeza para la gestión de Aníbal Ibarra. “Estamos marginados. Pero se acabó, queremos empezar otra etapa”, sentencia Cardozo que, como Fernández y Licastro, rinde su contraprestación en el Centro de Gestión y Participación (CGP) 14. Él trabaja en el sector de comunicación social; ellas en el centro de atención telefónico. Los tres, al igual que otras 3 mil personas, fueron diseminados a lo largo y a lo ancho de la Capital Federal para ocupar puestos esenciales de la administración porteña. “Dejó de ser una ayuda. Trabajo desde hace casi 4 años, de lunes a viernes, cuatro horas por día”, cuenta Ana María. Además, como si estuvieran en blanco, firman planillas y presentan justificativo médico cada vez que faltan. Eso si, todo por el mismo precio: 150 pesos sin aportes jubilatorios ni obra social.
Ante semejante panorama el diputado porteño de Movimiento por un Pueblo Libre, Rubén Devoto, y sus asesores resolvieron juntar a los beneficiarios para elucubrar alguna solución. La reunión superó cualquier expectativa: se presentaron más de 150 trabajadores de CGPs, hospitales, colegios, centros culturales y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad. “La situación del plan es parte de una problemática que abarca a millones de empleados que se encuentran en negro en el sector público”, expresa el proyecto de ley confeccionado por Devoto y los adjudicatarios del programa.
Entre el 12 y el 23 de agosto sentaron las bases del proyecto que, principalmente, pide el pase a planta permanente de las jefas y los jefes de hogar. Para los beneficiarios no sólo fue una experiencia de lucha, sino también de aprendizaje colectivo. “Participamos en la creación del proyecto. Cada punto está avalado por nosotros. No lo hizo una sola persona, todos opinamos”, dice Licastro. Para Cardozo, la pelea es un tanto más profunda que el pase a la planta permanente. Cree que la reinserción laboral también significa la recuperación de la cultura del trabajo: “No queremos estar en nuestras casas y cobrar un subsidio. Queremos laburar, así es como nos sentimos bien. En poco tiempo no van a tener otra opción que regularizarnos”.
“A todas luces, la administración porteña incurre en el fraude laboral. Bajo el nombre de contraprestación se esconde la precarización del empleo público”, opina Julián Iriarte, asesor de Devoto. La iniciativa también incluye a quienes percibieron el subsidio hasta 2005, pero por alguna razón dejaron de cobrarlo. “A muchas compañeras se nos terminó el plan porque nuestros hijos cumplieron 18 años. Quedamos fuera de todo”, explica Irma. Se calcula que, en 2004, se dieron de baja más de 2 mil planes.
Una vez elaborado el proyecto, el diputado y los beneficiarios diseñaron el camino a seguir. Por un lado, continuarían con las movilizaciones y la búsqueda de adeptos a su causa; por el otro, visitarían a todos los legisladores porteños para explicarles, frente a frente, su situación. “Todos los días nos presentábamos diez personas en cada uno de las oficinas de los diputados. Así conseguimos 19 firmas”, comenta Iriarte. Uno de los firmantes es Eduardo Lorenzo Borocotó que, en su momento, era clave para conseguir bancada de parte del macrismo. Pero, luego del escandaloso traspaso al kirchnerismo, se les cayó un aliado. “Con todo lo que pasó, perdimos a alguien de fuerza”, analiza Martín Iommi, otro asesor de Devoto. Fernández interrumpe y, con cierta lógica, dice: “El macrismo no nos va a apoyar”.
Sin embargo, la expectativa está instalada en el seno del Movimiento por un Pueblo Libre. Piensan que, cuando empiece a sesionar la nueva plana de la legislatura, se debatirá el proyecto de ley. “Esta tan difícil como con los miembros anteriores. Los que cambiaron no fueron ellos, sino nosotros que estamos más organizados. Se dieron pasos importantes”, augura Iommi. Para regularizar la situación de los 3 mil trabajadores, el Gobierno tendría que destinar 42 millones de pesos del presupuesto 2006. Según Cardozo, las jefas y jefes sumaron acabados méritos para lograr su objetivo: “Tres años sin pagarles a los empleados es una gran contribución hacia las cuentas de la Ciudad. Descubrieron la manera de tener siempre superávit: con gente laburando como esclavos”.