miércoles

Violaciones y maltratos en Coca Cola S.A.


Por Federico Amigo

Dos ex trabajadores de la embotelladora Femsa denuncian cesantías injustificadas y derechos sindicales restringidos. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Relaciones Federales hacen la vista gorda.

Coca Cola Fomento Económico Mexicano Sociedad Anónima (Femsa) es la primera embotelladora en América Latina con presencia en nueve países: México, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Venezuela. La multinacional reúne el 8 por ciento de las ventas mundiales y Femsa de Buenos Aires representa el 37 por ciento de las ganancias de The Coca Company en el país. Sin embargo, dentro de la planta de la avenida Amancio Alcorta al 3.500, el clima nada se asemeja a la concepción y unión familiar que la empresa pregona en sus propagandas. Alejandro Victoria y Juan Torino, dos ex operarios, denuncian maltratos, despidos injustificados y violaciones de los derechos sindicales de parte de los empleadores.
Desde que los mexicanos llegaron al país, en 1994, todo cambió para los trabajadores gaseosos. “Nos obligaron a firmar un contrato en el que renunciábamos a ciertos beneficios: pagos adicionales por trabajo nocturno y antigüedad, ningún tipo de retribución extra al trabajar los domingos y jornadas de 12 horas con horarios rotativos”, cuenta Torino. Además el convenio individual estableció la desafiliación anticipada de los empleados al Sindicato Unido de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (Sutiaga) y a toda organización gremial, como condición para permanecer en la planta. “No tienen escrúpulos –continúa el ex operario-. Son lo más farsante que he visto”. Tras consolidar los acuerdos, la multinacional convirtió al sindicato en sirviente de su voluntad y los empleados quedaron a merced de los empleadores.
Otra de las medidas que tomó la compañía, no bien arribó a Argentina, fue colocar cámaras filmadoras en los puestos de tarea y descanso. De esa manera, generaron un clima de miedo y desconfianza entre los propios trabajadores. “Sembraron el terror. En la planta, nadie confía en nadie”, asegura Torino. Él fue despedido por una reestructuración interna en noviembre de 2004, según argumentó la empresa. Aunque el ex operario cree que existieron otras razones: “Me llama la atención haber recibido el telegrama después de haber efectuado algunos reclamos por inhalación de gases tóxicos”. Una vez por mes, los supervisores convocan a los empleados de cada sector y realizan una suerte de reunión de sugerencias. “Nos preguntaban: ‘¿Qué ideas tienen para mejorar el trabajo?´”, explica. Agotado por las constantes irregularidades, Torino decidió hablar. Pidió arreglos en el sistema de ventilación y barbijos para repeler el hollín que las máquinas desprendían. Luego de 12 años en la planta, FEMSA echó al operario basándose en una organización del personal.
El caso Torino no fue excepcional. Dos meses más tarde, Victoria también fue cesanteado cuando intentó, fuera de la fábrica, formar una comisión interna en pos de mejorar las condiciones de trabajo. “Venía laburando normalmente –cuenta- hasta que un día se me ocurrió decirles a mis compañeros que teníamos derecho a la libertad sindical y a elegir delegados gremiales”. Además, fue despedido con el agravante de que su mujer estaba embarazada.
Pero Victoria no se quedó de brazos cruzados y comenzó a juntarse con algunos ex trabajadores de Femsa. Habló con Torino y comenzó a desandar caminos. Por un lado, denunció lo ocurrido dentro de la planta; por el otro, llevó sus reclamos al despacho del diputado nacional por el ARI, Alberto Piccinini. El abogado de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), Héctor García, presente en ese encuentro, describe la reunión: “Victoria buscaba alguna acción de parte de los legisladores. Enseguida le aclaramos que las facultades de la Cámara baja son limitadas, en cuanto a intervención en los derechos de relación individual del trabajo. En realidad, quien tiene competencia es la Justicia”.
A pesar de la explicación, Piccinini se comprometió a ayudarlo. El 8 de junio de 2005 envió una carta a Coca Cola firmada por los diputados Miguel Bonasso, Jorge Rivas, Francisco Gutiérrez, Héctor Polino, Mario Cafiero y Patricia Walsh, entre otros. “La prohibición de toda actividad gremial –expresa la nota- constituye un principio liminar de política interna de dicha compañía (Femsa) y nos obliga a expresar enérgicamente nuestro repudio a tales procedimientos”. La respuesta no tardó en llegar. Aunque la embotelladora deslindó toda acusación sobre el despido de Victoria y negó rotundamente los conflictos mencionados en la carta: “Se señala que el establecimiento desarrolla su actividad en un clima de absoluta normalidad sin que haya circunstancia alguna que produzca alteraciones en el ambiente de trabajo”, contestó Walter Zanotti, apoderado de Femsa Buenos Aires.
Ante la indiferencia de Coca Cola, Piccinini impulsó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados que no consiguió la mayoría parlamentaria. “No tuvo tratamiento porque el Partido Justicialista no quiso”, sentencia García, que además es asesor del diputado por el ARI. Finalmente, el legislador se reunió con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, a quien se le pidió una inspección de la planta ubicada en Pompeya. Gracias a las reformas de la década del 90, al ministerio le concierne lo que respecta a aportes jubilatorios, obras sociales y riesgos laborales. El resto, queda en la esfera de las administraciones locales. “No se le pide que juzgue y sancione, sino que verifique. Y esa sí es una facultad de la Cartera de Trabajo”, disiente García.
La Dirección Nacional de Relaciones Federales se encargó de la inspección, pero el abogado de la CTA mantiene serias sospechas sobre la visita a la planta. “Lo que hizo ese organismo fue una chantada asquerosa. Revisaron si cumplía con los aportes provisionales y desde luego que, una empresa de tal magnitud, cumple. Se desvirtuó el pedido. Además, se les avisó a los delegados de Sutiaga que día se iba a inspeccionar. Otro gran error, porque es obvio que esto no se puede orquestar sin la connivencia del sindicato”. El dato más contundente que arrojó el registro de la fábrica fue que de los 2.000 empleados sólo 146 están afiliados al sindicato. Es decir, menos del 10 por ciento. “Coca Cola tiene un comportamiento mafioso: cerca determinado territorio para imponer su propia ley”, opina el abogado laboralista. Y agrega: “El sindicato y la empresa prepararon la visita en complicidad. Y los funcionarios del Gobierno de la Ciudad hicieron la vista gorda”.
Hoy Piccinini y García impulsan una nueva petición para que el Ministerio de Trabajo se encargue de la inspección. Mientras el Estado dirime quién tiene competencia sobre la empresa, los antiguos empleados colgaron los botines. Ambos prefieren enterrar su pasado en la multinacional y encarar nuevos proyectos. Victoria, agobiado por la situación económica y con su mujer a punto de dar a luz, arregló su indemnización con Femsa. Torino, aún sin trabajo, intenta esquivar las secuelas que le dejó su paso por Coca Cola, signado por el maltrato y el terror psicológico. “Desconfío de todo y de todos. Sólo creo en mis dos hijos”, concluye con angustia.

domingo

El dilema entre las guardias aseguradas y la puja sindical


Por Federico Amigo
Ilustración: Budka

Las une el mismo
problema: la salud. Una trabaja en el Hospital Garrahan y lucha, entre otras cosas, por un salario digno; la otra, viene desde Entre Ríos cada tres meses para atender a su hija. Clara Cabral y Elena Rodríguez, dos atribuladas historias de una vieja moneda.

Clara Cabral, delegada de ATE
“Nunca pusimos en riesgo a ningún chico”

“Entré al Garrahan en 1987 y durante 14 años tuve mi sueldo congelado. Recién en el 2004 recibí un aumento. Cuando empecé ganaba un buen sueldo. No necesitaba hacer horas extras, podía irme de vacaciones y comprar ropa de la marca que quisiera. Hoy día no me alcanza. La mayoría de las enfermeras somos sostén de familia y tenemos las urgencias de todo el mundo. No somos de otro planeta. Trabajamos en el Garrahan, pero tenemos los mismos problemas que cualquier persona.
Ahora, que no hago horas extras, estoy más urgida. Ante la intensificación de la lucha estoy abocada sólo al gremio. Nunca milité en ningún partido, pero en 1999 noté que el terreno ganado por los obreros iba en franco retroceso. Entonces, dije: ‘Basta, esto no puede ser así´. Este grupo de delegados de ATE es respetado porque, ante todo, somos laburantes y, después, sindicalistas. Y no al revés. Cuando mis colegas dicen: ‘comunicate con Clarita´, uno imagina encontrarse con una persona pequeña, diminuta. Nada que ver. Soy alta y grande. Pero el Clarita no se refiere a mi contextura física, sino al cariño que me gané de los compañeros.
La rutina en un hospital es, de por sí, estresante. Siete horas acá dentro implican mucho desgaste y, ni que hablar, si uno tiene que programarse más horas. Yo he llegado a laburar entre 14 y 17 horas. A pesar de los conflictos, la prestación de todo el personal es excelente. Es verdad que existen falencias: estructurales, edilicias, falta de empleados y material adecuado. Por ejemplo, somos 600 enfermeros aunque calculamos que la plantilla ideal sería 750.
Una de las cosas que más me indignó en estos meses de lucha fueron las declaraciones del ministro Ginés González García. Tildó a los enfermeros del Garrahan de “terroristas sanitarios”. Es una terminología grave. Terrorista es quien mata sin importarle nada. Ninguno de los días que paramos se dejó de atender a los pacientes. Siete jueces intervinieron en el hospital y todos llegaron a la conclusión de que las guardias mínimas estuvieron cubiertas. Nunca pusimos en riesgo a ningún chico. Pero el Gobierno intenta mostrarnos como caso testigo. El mensaje es claro: los trabajadores no deben pelear por una recomposición salarial. Y menos aún pedir un sueldo acorde al costo de la canasta básica.
Por suerte, muchos sectores sociales entienden nuestra postura y depositan su confianza en nosotros. Para el fondo de huelga contribuyen hospitales de Mendoza y Neuquén. Además, los trabajadores de la empresa recuperada Zanón tuvieron un gesto increíble. Cada empleado aportó un día de laburo para el fondo”.

Elena Rodríguez, madre de Mariana.
“Me da bronca que se hayan ido sin que les importemos”

“Cuando dijeron que me había equivocado de fecha me largué a llorar. El turno era para el jueves y llegué con mi hija un día más tarde. Dijeron que la podían atender a las cuatro, pero cuando fui al consultorio no había nadie. Me da bronca que se hayan ido sin que les importemos. Pregunté que solución me daban y contestaron: ‘Vení el lunes’. Pero es dificilísimo quedarme en Buenos Aires. Vivimos en Federación, un pueblo de Entre Ríos, y tenemos el pasaje de vuelta para hoy a la noche. No nos moriríamos si nos quedásemos dos días sin comida. Estamos adaptadas. Allá nos arreglamos como podemos, con poco. Ella dice: ‘Vamos mamá, volvamos’. Pero no es justo. No sé qué vamos a decidir.
Llegué a este hospital cuando me di cuenta que en Federación no me daban ninguna solución para Mariana, mi hija. Allá la vieron todos los médicos habidos y por haber. La encontraban bien, pero yo no sentía lo mismo. La atendieron todos los pediatras hasta que uno me aconsejó traerla al Garrahan. Acá, con una simple mirada, diagnosticaron un problema de crecimiento. Mari tiene 16 años y mide aproximadamente un metro cincuenta. Su recuperación va a demandar cuatro años y hace uno que la empezó.
En Federación nos enteramos de la problemática del hospital por televisión. Por un lado, comprendo la lucha de los trabajadores; por el otro, no compatibilizo con que reclamen sólo lo que le concierne a su sector. Está bien que cada uno pida lo que corresponde, aunque siempre sabiendo que existen otros. Y esos otros también cargamos problemas. Sin embargo, tengo que rescatar el costado solidario y efectivo del personal del hospital. Si no fuera por ellos nunca le hubiese podido dar las vacunas que necesita. Yo no puedo comprar ni media cajita del remedio que toma mi hija.
Venir al Garrahan también significó chocar con una realidad lejana. Hay chiquitos quemados, jóvenes postrados en una silla de ruedas y eso me duele muchísimo. No estoy acostumbrada a verlo. Si tuviera que elegir donde vivir, me quedó en Federación. Buenos Aires es bonita, pero no para mí. En realidad, lo mejor sería contar con la posibilidad de atendernos allá, en nuestro pueblo”.